El 31 de enero en Murcia, la diputada del Partido Popular, Isabel Borrego, ha solicitado de manera urgente un incremento en las fuerzas de la Policía Nacional en la región. Su demanda surge en respuesta a la reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes, a la que augura un "efecto llamada".

Según Borrego, la propuesta del Gobierno podría comprometer la seguridad pública. Considera que la regularización indiscriminada de inmigrantes eliminaría los controles necesarios para verificar la identidad de los beneficiarios y sus antecedentes penales. Esta situación plantea, a su juicio, una serie de riesgos innecesarios para la ciudadanía, tal y como ha señalado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

La diputada ha instado a un refuerzo inmediato de entre 500 y 600 agentes, apoyándose en las solicitudes de distintos sindicatos policiales. Según sus declaraciones, la medida del gobierno “desmonta la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo” y, en su opinión, convierte a España en un punto vulnerable dentro del espacio Schengen.

Borrego ha adoptado las inquietudes del cuerpo policial, alegando que la falta de más agentes y recursos, así como protocolos establecidos, convierte esta regularización en una "irresponsabilidad grave". Asegura que, sin una mejora en la dotación de la Policía Nacional —que ya enfrenta una gran carga de trabajo— no se puede llevar a cabo un proceso de este tipo con garantías.

La diputada también subrayó que la regularización no puede ser efectiva sin un robustecimiento del control fronterizo, así como de los medios administrativos y judiciales necesarios para gestionar adecuadamente los expedientes de residencia y retorno, y para verificar antecedentes penales.

Desde su perspectiva, esta medida es una "cortina de humo" que desvia la atención de las tragedias recientes en Adamuz y Gelida, incidentes en los que han perdido la vida 46 personas y muchos otros han resultando heridos, y para los cuales el Gobierno no ha asumido responsabilidades.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha llevado esta preocupación un paso más allá, presentando una moción que expresa su rechazo contundente a la legalización masiva de inmigrantes. En este contexto, la iniciativa del PP critica al Gobierno de Sánchez, acusándolo de despreciar las leyes y el Estado de Derecho por el fin de mantener su posición en el poder.

Asimismo, Borrego hizo énfasis en la presión que esta regularización podría ejercer sobre los servicios públicos ya debilitados, tales como educación y sanidad, que corren el riesgo de colapsar, particularmente en comunidades como Murcia que ya enfrentan problemas de financiación.

Finalmente, la diputada mencionó el agravio que esta situación crearía entre aquellos que han seguido los canales legales para obtener la residencia y los que se verían beneficiados por la regularización sin haber respetado las normativas migratorias.

El Partido Popular apuesta por una solución real y responsable frente a la inmigración irregular. Borrego insiste en que España necesita una política de Estado que aborde este fenómeno con una combinación de humanidad y justicia, y anunció un plan de inmigración que se presentará en octubre de 2025, que enfatiza la necesidad de criterios claros, control de fronteras y el rechazo a regularizaciones masivas o automáticas.