El diputado del Partido Socialista de la Región de Murcia, Joaquín Martínez Salmerón, ha instado al presidente murciano, Fernando López Miras, a rendir cuentas ante los ciudadanos sobre su reciente decisión de oponerse a un incremento en los ingresos de la mayoría social de la región. Martínez Salmerón subraya que el rechazo del PP al decreto ómnibus propuesto por el Gobierno central afecta de manera negativa a más de 270,000 pensionistas, 180,000 trabajadores, 34,000 autónomos y 72,000 familias vulnerables en Murcia.

En una declaración ante los medios, acompañado por sus colegas Caridad Rives, Irene Jódar y Mariló Flores, el diputado socialista detalló algunas de las mejoras que se preveían en el decreto, que incluían un aumento del 2.7% en las pensiones contributivas, un 7% en las pensiones mínimas, y un destacado incremento del 11.4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Martínez Salmerón recordó que, desde 2018, el Gobierno de España ha implementado subidas de pensiones que han logrado aumentar estos ingresos entre 350 y 425 euros mensuales para los beneficiarios. Sin embargo, con el voto en contra del Partido Popular y Vox, más de 270,649 pensionistas de la región se verán privados de un promedio de 36 euros al mes, lo que representa una pérdida superior a los 500 euros al año.

La situación es aún más crítica para quienes reciben pensiones mínimas no contributivas, donde la pérdida podría variar entre 50 y 100 euros mensuales. Por ello, el diputado socialista ha exigido explicaciones a López Miras y al PP sobre su decisión de votar en contra de estas importantes mejoras.

Martínez Salmerón ha desestimado las justificaciones del PP, que intentan argumentar que su voto se debió a otros aspectos del decreto, aseverando que se trata de una narrativa engañosa. El diputado recordó las históricas decisiones del PP en los años 2012, 2013, 2017 y 2018, cuando se abstuvieron de aumentar las pensiones en función del IPC, provocando una ola de descontento entre los pensionistas con ajustes mínimos del 0.25% en ocasiones.

El diputado subrayó la necesidad de que el PP acepte que no apoya el modelo actual de actualización de pensiones basado en el IPC. Asimismo, destacó que el partido también se opuso a la extensión del Real Decreto que establecía el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025, lo cual no solo afectará el nivel salarial, sino que también creará incertidumbre no solo para los trabajadores, sino también para las empresas en sectores con alta temporalidad, como el agrícola.

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el SMI ha aumentado un 60%, pasando de 735,90 euros a más de 1,221 euros para el año 2026, beneficiando así a 180,000 murcianos. La preocupación por la pobreza en la región es notable, con una tasa del 32% y alcanzando el 43.9% en la pobreza infantil, según el índice AROPE. Este contexto hace aún más crítico el dilema planteado por el voto del PP, que influye negativamente en los hogares más vulnerables que luchan contra la pobreza energética.

En diciembre de 2025, más de 72,000 familias murcianas recibieron el bono social eléctrico, pero ahora, con la derogación del Real Decreto, se espera que enfrenten un aumento en su factura de electricidad de entre 50 y 150 euros al mes, lo que complicará aún más su situación económica, según advirtió Martínez Salmerón.

Los autónomos tampoco saldrán indemnes, ya que el voto en contra del PP limita las excepciones fiscales que podrían beneficiar a trabajadores de sectores vitales como el transporte, comercio y agricultura, afectando a unos 34,129 autónomos en la región.

Además, la derogación del Real Decreto también tiene relevantes implicaciones para las comunidades y entidades locales, ya que se estima que Murcia perderá 760 millones de euros, lo que limita gravemente su capacidad para financiar servicios esenciales como sanidad y educación.

El diputado socialista concluyó que el Partido Popular ha preferido adoptar una postura de confrontación con el Gobierno central en lugar de defender los intereses de la población murciana. Las consecuencias de su voto en contra del decreto ómnibus son evidentes: reducción de ingresos para los pensionistas, mayor vulnerabilidad para los hogares, y un panorama incierto para los trabajadores con salarios bajos, en un contexto de recursos cada vez más limitados para la comunidad.