Recientemente, el PSOE ha llevado a cabo una contundente denuncia en la Asamblea Regional, señalando que el Tribunal de Cuentas ha encontrado un "error contable de 4.300 millones de euros" en las cuentas de la Comunidad Autónoma entre 2013 y 2021. En respuesta, el partido ha manifestado su intención de presentar la reprobación del consejero de Hacienda, a quien acusan de llevar a cabo una "nefasta gestión" de las finanzas públicas. A pesar de las críticas, la Asamblea ha ratificado, a través de votaciones separadas, los tres puntos del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos referentes a las Cuentas Generales de esos años.

El portavoz socialista, Alfonso Martínez Baños, ha indicado que su grupo decidió rechazar los dos primeros puntos del dictamen, argumentando que la responsabilidad política de la gestión del PP es indiscutible. Además, destacó un déficit acumulado que supera los 5.000 millones de euros, así como un aumento "ficticio" en el remanente de tesorería y desvíos notables en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. Sin embargo, el PSOE se mostró a favor del tercer punto, que incluye 21 medidas orientadas a subsanar las deficiencias detectadas y fortalecer el control parlamentario.

Por su parte, Vox se abstenido de aprobar las cuentas de 2013 y 2014, justificando su decisión como un acto de "respeto hacia legislaturas anteriores", mientras que respaldó positivamente las cuentas de ejercicios posteriores. Su diputado Rubén Martínez Alpañez ha enfatizado que "hemos levantado la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013", enfatizando que sin la intervención de Vox, las cuentas no habrían llegado al Pleno. Durante su intervención, ha calificado los documentos revisados como "textos que avergonzarían a cualquier economista", alegando que la gestión del PP ha estado plagada de "errores y manipulaciones contables", aunque reconoció el esfuerzo colaborativo entre los grupos en la elaboración del dictamen.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos también se adhirió al apoyo del tercer punto, indicando que la reforma del reglamento para someter las cuentas al Pleno dentro de un año "es un avance fundamental". Sin embargo, rechazo los otros puntos, argumentando que contienen "una cantidad inaceptable de salvedades" y subrayando que los informes más recientes, como el del SMS en 2022, confirman que no ha existido una voluntad de reforma. A su juicio, la continuidad de presupuestos que no se ajustan al gasto real está exacerbando la deuda y repitiendo errores de ejercicios anteriores.

El diputado del PP, Carlos Albaladejo, salió al frente defendiendo que la decisión de la Asamblea sobre las cuentas "no tiene implicaciones legales". Además, consideró el dictamen aprobado por la oposición como "subjetivo y partidista", acusando a PSOE, Vox y el Grupo Mixto de haber elaborado un texto con la intención de hacer titular que las cuentas fueron rechazadas. Albaladejo afirmó que el Tribunal de Cuentas ha reconocido los avances, sobre todo en el sector sanitario, y acentuó que la infrafinanciación regional es la raíz de la difícil situación económica que enfrenta la Comunidad, señalando que esta recibe "1.098 euros menos por habitante" en comparación con la comunidad mejor financiada.

La Asamblea también aprobó la creación de una comisión especial que investigará la fallida liquidación por daños y perjuicios relacionada con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox. El diputado Ignacio Arcas recordó que, casi dos décadas después de que se iniciara la construcción, el aeropuerto continúa generando complicaciones y cifró el coste que podría asumir la Comunidad en más de 400 millones de euros, incluyendo un aval de 160 millones y recientes sentencias desfavorables. Arcas reprochó al PP haber sostenido durante mucho tiempo que el aeropuerto "no costaría nada a los murcianos", revelando que la liquidación contra la concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad, mientras que una reciente sentencia obligó a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. Ambos, PSOE y Grupo Mixto, apoyaron la creación de la comisión.

El socialista Alfonso Martínez Baños calificó el Aeropuerto de Corvera como "uno de los grandes fraudes políticos" del Gobierno regional, evidenciando que no se han cumplido las expectativas de empleo ni el número de pasajeros. Asimismo, subrayó que la oposición aún desconoce las razones detrás del rechazo de un potencial acuerdo extrajudicial antes de la última condena. Álvarez-Castellanos añadió que hay mucho que aclarar, especialmente en lo que concierne a decisiones políticas y al concurso de acreedores de Aeromur. En contraste, el 'popular' Víctor Martínez Carrasco consideró que hablar de liquidación fallida antes de tener una sentencia firme era "prematuro", definiendo la comisión como un "teatro innecesario", y remarcó que la Comunidad ha actuado "con rigor", afianzando que el aeropuerto es "una infraestructura clave en un camino correcto".

Entre las iniciativas aprobadas, también se destacó una propuesta del Grupo Mixto que busca establecer distancias mínimas entre salones de apuestas y centros educativos. La diputada María Marín informó que esta moción surge a raíz de demandas directas de diversas AMPAS que han denunciado la proximidad de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio". Marín enfatizó que el objetivo de la propuesta es implementar restricciones que limiten la instalación de locales de juego cercanos a entornos escolares, resaltando que la Región presenta tasas de juego juvenil "que superan el doble de la media nacional".

La diputada agregó que la reciente validación del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley valenciana, que establece distancias de hasta 850 metros, demuestra que este tipo de regulaciones "son totalmente compatibles con el derecho europeo", por lo que instó al Gobierno regional a actuar sin más excusas. Desde el PSOE, se votó a favor de los puntos aprobados, incluso se presentó una enmienda apoyada por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres advirtió que el 18% de los menores en la Región ha accedido a locales de apuestas, subrayando que el 56% ha tenido contacto con el juego antes de cumplir 18 años, según un estudio de la Universidad de Murcia que sitúa la edad media de inicio en los 14.7 años. Torres cuestionó por qué la Región sigue siendo "la única comunidad autónoma sin regulación específica de distancias" entre centros educativos y salones de juegos, a pesar de haber anunciado un decreto en 2018.

Vox también apoyó parte de los puntos aprobados, aunque su diputado Pascual Salvador enfatizó que "el verdadero problema entre los jóvenes" reside en el juego online, pidiendo que la atención política se centre en esta área. Recordó que desde 2018 no se han otorgado nuevas licencias para salones de apuestas presenciales y exigió la publicación del Libro Blanco del Juego para mejorar los controles y actualizar la normativa existente. El PP, por su parte, defendió que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con firmeza", enfatizando que no se han ofrecido nuevas licencias en siete años y que se ha incrementado tanto el número de inspecciones como de sanciones. Sin embargo, la oposición replicó que estas medidas no han estado respaldadas por una regulación concreta de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico advirtió sobre la necesidad de aplicarlas en las renovaciones de licencias.