Scrats alerta sobre desigualdad en caudales ecológicos que amenaza la viabilidad del trasvase.
En una contundente sesión en la Asamblea Regional, Lucas Jiménez, líder del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), expresó su preocupación sobre la reciente planificación del río Tajo, la cual considera ha generado un "trato desigual" en la asignación de caudales ecológicos, amenazando así la sostenibilidad del trasvase Tajo-Segura.
Jiménez compareció ante la Comisión Especial de Estudio del trasvase, donde denuncia que las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica han llevado a que el asunto quede atrapado en litigios legales. Aseguró que las reducciones previstas para 2027 están paralizadas y dependen de cambios que requieren una modificación en la Ley del Trasvase, lo que podría implicar una nueva legislación o la convalidación de un real decreto en el Congreso.
Durante su discurso, el presidente del Scrats enfatizó que las incongruencias en los caudales ecológicos se han observado en casi todas las cuencas del país, en particular en el río Tajo, salvo en tramos específicamente protegidos, que, según él, se han visto perjudicados, comprometiendo la viabilidad del trasvase.
Jiménez compartió que las investigaciones de su sindicato revelan que en la mayoría de las cuencas los caudales ecológicos se han mantenido o reducido tras negociaciones con los regantes, a excepción de aquellos donde el trasvase se ha visto comprometido, lo que podría interpretarse como un agravio hacia los usuarios del agua.
Entre los efectos de esta política, Jiménez advirtió que las decisiones recientes han puesto en pausa proyectos de inversión y han agudizado la vulnerabilidad hídrica en la cuenca del Segura, obligando al Levante a depender de soluciones que no han sido implementadas en el tiempo prometido.
En respuesta a las declaraciones de Jiménez, el diputado socialista Fernando Moreno destacó la importancia de asegurar el agua a largo plazo a través de un enfoque que combine trasvase, reutilización y desalación. Criticó el "boicot" que, a su parecer, ha ejercido el Partido Popular contra la interconexión de la desaladora de Torrevieja y se comprometió a buscar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.
Desde Vox, Antonio Martínez defendió que el trasvase es fundamental para la identidad del Levante y lo vinculó a una "estrategia ideológica" que, según él, ha malinterpretado el ecologismo y politizado el manejo de los caudales ecológicos. También denunció el incumplimiento de promesas relacionadas con la modernización de sistemas de regadío y la calidad del agua.
José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, elogió la cantidad de información presentada y enfatizó que el impacto del trasvase afecta a toda la sociedad, llamando a considerar seriamente los efectos ambientales, especialmente la contaminación del Mar Menor, en relación con el modelo intensivo de agricultura en el Campo de Cartagena y las normativas europeas sobre caudales ecológicos.
Por último, Jesús Cano, del PP, pronunció una advertencia sobre el futuro del trasvase, criticando decisiones políticas que parecen estar destinadas a llevar a la finalización del Tajo-Segura en 2027. Aseguró que el Gobierno central está manipulando el recurso hídrico que ha sido clave para transformar la región y fomentar el empleo, reafirmando el compromiso del PP con las reivindicaciones del Scrats.