El día de hoy, 21 de enero, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado sentencia en un caso trágico que ha conmocionado a la comunidad. Un hombre ha sido hallado culpable de asesinar a su expareja y de deshacerse de su cuerpo arrojándolo a un pozo de seis metros de profundidad en Cieza, un vil crimen que ocurrió en septiembre de 2023.

El magistrado Álvaro Castaño ha hecho pública la condena de 16 años de prisión impuesta al acusado, un dictamen que se produjo tras una deliberación unánime del jurado popular en un juicio que comenzó el pasado lunes. Este veredicto no solo refleja la gravedad del delito, sino también la necesidad de justicia para la familia de la víctima.

Durante la segunda sesión del juicio, celebrada el martes, tanto la defensa como la representación legal de la acusación se alinearon con el Ministerio Público, que había solicitado una pena de 15 años por homicidio con la agravante de parentesco, además de un año por quebrantar las medidas cautelares previamente impuestas. Esta petición reitera la intención de que se haga justicia en un caso donde la violencia de género y la pérdida de una vida son desgarradoras realidades.

El jurado estableció sin lugar a dudas que el procesado atacó a la mujer en varias ocasiones, golpeándola en la cabeza y en el rostro, antes de deshacerse de su cuerpo de manera macabra. No encontraron motivos que justificaran la consideración de indulto o suspensión de la pena, lo que subraya la seriedad y el desprecio por la vida que prevalecieron en sus acciones.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, el juez también ha prohibido al acusado acercarse a la localidad de Cieza, así como a los inmediatos familiares de la víctima, restringiendo su comunicación a más de 300 metros de sus hogares, lugares de trabajo o estudio. Esta decisión busca proteger a los seres queridos de la víctima en este difícil contexto.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la hija menor de edad de la fallecida con 400.000 euros, y a sus dos hermanos con 200.000 euros. La sentencia es un recordatorio sobre la necesidad de abordar la violencia de género y apoyar a las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia y sanación.