En un movimiento sin precedentes, el Grupo Plurinacional de Sumar ha presentado una iniciativa en el Congreso exigiendo al Gobierno central que presione a la Fiscalía General del Estado para investigar el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia y siete empresarios. Estos empresarios admitieron haber pagado por sexo a menores, evitando así prisión al aceptar una pena de cinco meses por cada delito.

El portavoz de Sumar en Interior y Justicia, Enrique Santiago, lidera esta iniciativa con el fin de analizar los retrasos en el proceso judicial que permitieron llegar a este acuerdo. Según fuentes de IU-Verdes de la Región de Murcia, la falta de personal y recursos está permitiendo que criminales confesos eviten penas más severas gracias a dilaciones indebidas.

Sumar destaca que esta situación no es única en Murcia, sino que representa un problema en todo el país. La propuesta también aboga por dotar de recursos suficientes a los órganos judiciales de la región para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

El coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia, Jose Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado el vergonzoso acuerdo entre los empresarios y la Fiscalía, señalando la preocupación por el impacto en el acceso a una justicia eficiente, especialmente en casos que involucran a menores. Álvarez-Castellanos insiste en la urgente necesidad de aumentar recursos y mejorar la gestión para garantizar la atención adecuada de todos los casos judiciales.

En un llamado a la acción, el líder regional de IU-Verdes exige una revisión profunda para asegurar que los casos de abuso sexual y trata de personas sean tratados con garantías y en tiempos razonables. Esta iniciativa busca asegurar que los culpables de delitos tan graves como los admitidos por estos empresarios no queden impunes debido a fallos en el sistema judicial.