La Fiscalía pide 81 años de prisión para un grupo acusado de regentar prostíbulos en Murcia.

El próximo miércoles 10 de abril se llevará a cabo el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Según la acusación, las dos mujeres encausadas reclutaban a mujeres extranjeras en situación irregular para ejercer la prostitución en pisos de la ciudad.

A cambio, las acusadas se quedaban con un porcentaje significativo de las ganancias de las víctimas.

Controlaban minuciosamente a las mujeres, gestionando sus horarios y tarifas para satisfacer la demanda de los clientes en todo momento.

Una de las víctimas, engañada por falsas promesas de trabajo, viajó desde su país con la esperanza de mejorar su situación económica.

Una vez en España, fue obligada a prostituirse y mantenerse en condiciones precarias.

Las acusadas la tenían bajo un estricto control y le anularon su billete de regreso a su país, impidiéndole volver a casa.

Otra joven fue persuadida por su tía para viajar a España y dedicarse a la prostitución, explotando así su situación vulnerable.

Las acusadas controlaban sus actividades, fijaban tarifas y se beneficiaban de su difícil situación en el país.

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales inició una investigación que confirmó la explotación laboral y sexual de estas mujeres en pisos de Murcia.

En uno de los registros policiales se encontraron pruebas que respaldaban las acusaciones, como documentos, drogas y agendas de actividades ilegales.

Las víctimas fueron forzadas a firmar contratos ficticios y enfrentaron una situación económica desesperada que las llevó a ejercer la prostitución en contra de su voluntad.

La Fiscalía considera que estos actos constituyen delitos de trata de seres humanos, prostitución, contra los derechos de ciudadanos extranjeros y contra la salud pública.

Se reclama asimismo el pago de una indemnización de 19.000 euros a las víctimas por los daños sufridos en este caso de explotación y abuso.