El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha revelado en el Pleno de la Asamblea que se están llevando a cabo las pruebas periciales para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Esta declaración responde a las inquietudes planteadas por el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, quien instó al Gobierno a realizar estas pruebas de manera urgente para aclarar la situación de aquellos a quienes considera "falsos menores".

En la sesión de control, Antelo no dudó en calificar la inmigración ilegal como un problema significativo para la región. Afirmó que el Gobierno autonómico está destilando recursos esenciales hacia centros de acogida de inmigrantes ilegales, en detrimento de los servicios sociales y de la vivienda, y criticó la falta de atención a las necesidades de la población local.

El representante de Vox subrayó que se han registrado delitos graves por parte de personas que, según él, son adultos que se han presentado como menores. Además, cuestionó al presidente sobre cuándo se llevarán a cabo las pruebas judiciales necesarias para esclarecer la edad de estos individuos.

Antelo también enfatizó que su partido ha abogado por el cierre de centros de menores gestionados por la Comunidad, subrayando que "no han engañado a los ciudadanos" y que han cumplido con sus promesas electorales. Asimismo, responsabilizó al Partido Socialista de haber agravado la situación migratoria en la región, sugiriendo que el Gobierno central está desviando fondos de necesidad básica hacia la inmigración ilegal mientras las familias con discapacidades luchan por recibir apoyo.

En su turno de respuesta, López Miras defendió la labor del gobierno regional, señalando que la omisión de la verdad puede ser tan engañosa como una mentira. Remarcó que han actuado en cumplimiento de la ley, llevando a cabo las pruebas conforme a la Ley de Extranjería y bajo la supervisión del Ministerio Fiscal.

El presidente apuntó que solo el Instituto de Medicina Legal tiene la capacidad de emitir los informes requeridos por la Fiscalía. Además, aseguró que los servicios sociales han informado al Ministerio Fiscal cada vez que han detectado sospechas de fraude, facilitando que se repitan las pruebas pertinentes.

Puso como ejemplo que, de los 350 individuos que llegaron al Hospital Naval de Cartagena desde Canarias, todos ellos resultaron ser menores tras las pruebas, mientras que 97 menores fueron identificados como adultos, lo que representa un 6% del total.

López Miras aprovechó para reafirmar que en la Región de Murcia no existe ningún centro de inmigración ilegal que dependa de la administración regional, asegurando que su gobierno ha actuado de manera rigurosa, transparente y legal.

En otra parte del debate, Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular, cuestionó al presidente sobre el impacto de las medidas del Gobierno central en los autónomos de la región, lamentando que la política fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha afectado negativamente a este colectivo, al interrumpir el crecimiento y la creación de empleo mientras se desencadenan escándalos en el entorno gubernamental.

Segado subrayó que "sin autónomos no hay empleo, no hay crecimiento y no hay futuro" y solicitó a López Miras que implemente un "escudo autonómico" para proteger a este sector ante las decisiones del Gobierno central.

El presidente regional respondió asegurando que su administración ha aumentado el apoyo a los autónomos mediante iniciativas concretas y efectivas, recordando que el anuncio de un incremento en las cuotas estatales podría haber implicado efectos económicos de hasta 200 millones de euros para los trabajadores autónomos.

López Miras celebró la extensión de la cuota cero, que ha beneficiado a más de 2,100 personas, en su mayoría jóvenes, así como la creación de una oficina para autónomos que ha asistido a más de 500 usuarios, además de un incremento de dos millones de euros en las ayudas al comercio local, dirigidas a aliviar los gastos de alquiler, suministros y promover la digitalización de los negocios.

Finalmente, María Marín, portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), cuestionó el precio de la vivienda asequible establecido por el Gobierno regional, que se sitúa en 1,840 euros por metro cuadrado, superando el coste medio de una vivienda nueva en la región. Marín argumentó que las nuevas medidas no benefician a jóvenes y familias trabajadoras, sino a promotores y aliados del sector de la construcción, criticando al Ejecutivo por no haber construido vivienda protegida ni pública desde 2020.

El presidente Miras defendió el decreto de vivienda asequible como un avance significativo, que no es intervencionista, y que ha facilitado trámites administrativos. Además, comparó la gestión de su gobierno con la del Gobierno central, señalando que la vivienda pasó de ser el decimosexto problema de los ciudadanos durante el último año del PP a convertirse en la principal preocupación tras siete años de gobierno socialista.

“Mientras otros legislan de manera obstructiva y crean más problemas, nosotros hemos trabajado por simplificar el acceso a la vivienda y fortalecer la seguridad jurídica”, concluyó el presidente regional.