La sentencia emitida reconoce que un manifestante fue golpeado por tres agentes policiales, pero hasta el momento sólo se ha identificado a uno de ellos.
MURCIA, 28 Oct.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía a un año de prisión por un delito agravado de lesiones, junto con una pena accesoria de inhabilitación especial para formar parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
La sentencia describe los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2012 durante una jornada de huelga general en Murcia, donde se produjeron concentraciones de manifestantes que finalizaron cerca de la Plaza Fuensanta de Murcia. Durante una carga policial, un manifestante fue agredido y sufriendo lesiones en la cara y la mano que requirieron hospitalización.
A pesar de las órdenes de no usar la porra de forma violenta, varios agentes de la UPR actuaron de manera agresiva contra los manifestantes, incumpliendo los protocolos establecidos. La sentencia deja claro que esta actuación fue indebida y provocó diversas lesiones en los afectados, sin que se hayan identificado a todos los responsables.
El agente condenado deberá indemnizar al perjudicado y al Servicio Murciano de Salud, además de reparar los daños causados en una motocicleta. Se absuelve a otros agentes acusados de estos hechos, al no haber pruebas suficientes para implicarlos en las lesiones causadas.
A pesar de las circunstancias de los agentes, la sentencia destaca que el cansancio físico y psicológico no justifica la violencia ejercida durante la carga policial. Se reconoce que otros manifestantes resultaron heridos durante el operativo, sin que se haya identificado a los responsables de esas agresiones.
La Audiencia reconoce que la causa se ha prolongado en el tiempo, pero no considera que haya existido un perjuicio significativo para la parte perjudicada por la demora en el proceso. Por lo tanto, la pena impuesta se reduce a un año de prisión, considerando que el acusado no tiene antecedentes penales.
La sentencia actual no es definitiva y es posible interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La justicia sigue su curso en este caso, buscando esclarecer los hechos y responsabilidades de las agresiones ocurridas durante la jornada de huelga en Murcia.
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