El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) marcó un hito este lunes al celebrar los actos finales de la tercera fase de implantación de los Tribunales de Instancia, una reforma global que tiene como objetivo transformar y modernizar el sistema judicial en la región. Las ceremonias se llevaron a cabo en los partidos judiciales de Lorca y Cartagena, y continuarán este martes en la ciudad de Murcia, siguiendo el cronograma establecido por la Ley Orgánica 1/2025, que busca aumentar la eficiencia en el Servicio Público de Justicia.

El nuevo enfoque estructural de estos tribunales comenzará a operar de manera efectiva el 1 de enero de 2026, tal como han informado fuentes del TSJMU en un comunicado reciente.

Durante su intervención, el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, enfatizó la importancia organizativa de esta innovación, destacando que los Tribunales de Instancia en la región se sustentan en una red de 25 servicios comunes, liderados por profesionales letrados de la Administración de Justicia que desempeñan un papel crucial en la dirección y operación del sistema judicial.

Asimismo, hizo un llamado urgente a la necesidad de fortalecer estos servicios, señalando que la Sala de Gobierno del TSJ ha comunicado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la imperante creación de 22 nuevas unidades judiciales en Murcia. "Solo de esta manera podremos solidificar este nuevo modelo y garantizar su viabilidad práctica", añadió.

Con la implementación de esta fase, la región experimentará un cambio radical en su estructura judicial, pasando de un total de 127 juzgados individuales a 11 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, un movimiento audaz hacia una perseverancia más eficiente.

Esta tercera fase abarca la integración de 91 juzgados del partido judicial de Murcia, 27 de Cartagena y 10 de Lorca, todos bajo la supervisión de magistrados que liderarán los respectivos Tribunales de Instancia, tales como Lorenzo Hernando, María del Mar González y Carmen Berta Romero.

Se trata de la culminación de un proceso más amplio que inició en la Región con una primera fase, completada el 1 de julio de 2025, donde se realizaron cambios en los partidos judiciales de menor tamaño. Esta etapa inicial permitió evaluar los efectos de la reforma antes de su extensión a los partidos judiciales más complejos.

Luna Carbonell compartió datos preliminares que revelan una reducción del 25% en la carga de trabajo de los sistemas judiciales en los partidos que participaron en la primera fase. Este dato sugiere que los nuevos Tribunales de Instancia están contribuyendo a un sistema de justicia más ágil y ordenado.

Sin embargo, el presidente advirtió que esta evolución no es uniforme en todos los partidos judiciales. Mientras que lugares como San Javier han mostrado avances positivos, otros, como Molina de Segura, han visto mejoras en los tiempos de respuesta, pero también un incremento en los casos pendientes de tramitación.

De acuerdo con Luna Carbonell, estos hechos confirman que, aunque la reforma va en la dirección adecuada, su éxito dependerá de un refuerzo en la infraestructura judicial y una inversión suficiente en recursos materiales y tecnológicos. "Es esencial que esta transformación no sea simplemente un cambio superficial, sino que realmente mejore la calidad y la efectividad del servicio público de justicia", concluyó.

En esta misma línea, el secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra García, mencionó la complejidad organizativa de esta tercera fase. Afirmó que los Tribunales de Instancia implican un cambio profundo en la dinámica laboral, que requiere coordinación y un esfuerzo extra por parte de todos los actores involucrados en el sistema judicial.

Parra García subrayó el rol fundamental de los servicios comunes como columna vertebral del nuevo modelo, destacando que su consolidación dependerá de un uso eficiente de las herramientas de gestión procesal y de un renovado enfoque en la atención tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

Finalmente, mencionó la creación de un servicio regional de atención destinado a profesionales y ciudadanos, enfocado en la interconexión de los servicios de consulta, tanto presenciales como digitales, lo que promete mejorar tanto la calidad como la accesibilidad del sistema judicial en la región.

Los actos también contaron con la presencia del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, así como de representantes de varias instituciones profesionales, quienes reafirmaron su compromiso con esta significativa transformación del sistema de justicia en Murcia.