Este viernes, la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Unión Europea y Derechos Humanos ha dado luz verde a la inclusión de los diputados de Vox, Alberto Garre y Rubén Martínez, en la ponencia que se encargará de redactar un informe clave. Este documento determinará si la Asamblea Regional se presenta ante el Tribunal Constitucional y si se plantean alegaciones frente a los recursos de inconstitucionalidad relacionados con la controvertida Ley 2/2025 sobre la Participación Institucional de Sindicatos y Patronal.

El portavoz del Partido Popular (PP), Joaquín Segado, no ha dudado en criticar al Gobierno español, acusándolo de usar el recurso de inconstitucionalidad en contra de la modificación de la Ley 5/2017 para crear confrontación con las comunidades autónomas gobernadas mayoritariamente por su partido. Según Segado, esta acción además serviría para desviar la atención de la corrupción que, a su parecer, está afectando seriamente al tejido del Estado de Derecho.

Segado ha defendido que la reciente reforma simplemente busca eliminar la obligatoriedad de financiar a los sindicatos y argumentó que promueve la transparencia, ya que las subvenciones se orientarán a "proyectos concretos" en beneficio de toda la sociedad. Aunque ha calificado al Gobierno central como "el más opaco de la democracia", también destacó que la ley fue respaldada por "dos tercios de los representantes de los ciudadanos de la Región de Murcia en esta Cámara".

El dirigente del PP asegura que el Ejecutivo nacional tiene como objetivo desviar la atención sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y ha adelantado que están dispuestos a “defender las decisiones” de los representantes murcianos ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación de la reforma de la ley que regula la participación institucional.

Por su parte, Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha denunciado la "manipulación política" que a su juicio practican el PP y Vox, utilizando el Parlamento y sus servicios jurídicos con fines partidistas. Recordó que en febrero de 2025, Vox había presentado una proposición de ley que generó un informe negativo por parte de la Asamblea, el cual señalaba que su contenido podría limitar a las organizaciones más representativas y afectar la libertad consagrada en el artículo 7 de la Constitución.

Fernández detalló que tras la advertencia del informe, el PP solicitó a Vox que retirara la iniciativa, lo que efectivamente hicieron. No obstante, en junio de 2025, adjunta a las negociaciones presupuestarias entre ambos partidos, la propuesta fue presentada nuevamente sin un informe jurídico actualizado, lo cual suscita inquietudes sobre la legitimidad del proceso.

La parlamentaria socialista también manifestó que su grupo había anunciado que promovería un recurso de inconstitucionalidad, considerando que la ley buscaba suprimir la participación sindical y silenciar la voz de los trabajadores, lo que representaría un retroceso significativo en derechos laborales.

Añadió que, tanto los 50 diputados socialistas en el Congreso como el propio Gobierno de España, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, los cuales han sido aceptados. Además, el Tribunal ha accedido a suspender la ley a solicitud del Gobierno, lo que para Fernández pone de manifiesto la inconstitucionalidad de una norma que el PP y Vox intentaron imponer de forma encubierta para asegurar su agenda presupuestaria.

Desde Vox, Rubén Martínez ha dirigido sus críticas directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describiéndolo como "el más corrupto y traidor", enfatizando que el recurso judicial busca anular la voluntad de los ciudadanos de Murcia expresada a través de su Asamblea.

Martínez ha arremetido contra la Ley de participación institucional, alegando que ofrece a sindicatos y patronal un acceso garantizado a fondos públicos, a pesar de que muchas familias enfrentan dificultades económicas, como problemas de vivienda y pérdida de poder adquisitivo. Se mostró crítico con la falta de confianza de su partido hacia el PP, señalando la situación en Castilla y León como un ejemplo donde el PP restauró ayudas a sindicatos tras la salida de Vox del Gobierno.

En este contexto, resaltó la importancia de que los miembros de Vox en la Comisión, él mismo y Alberto Garre, lideren la elaboración del informe sobre cómo responderá la Asamblea al recurso presentado ante el Constitucional.

José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, ha declarado que su formación no apoyará la personación de la Asamblea en defensa de la reforma. Denunció por segunda vez los recortes a los fondos destinados al diálogo social y subrayó que la Ley de participación institucional debe ser interpretada como un principio constitucional que busca la elaboración normativa participativa junto a sindicatos y otros colectivos.

Álvarez-Castellanos hizo hincapié en que la participación exige recursos y tiempo, recordando que organizaciones sindicales como CCOO y UGT deben presentar propuestas ante numerosos organismos, lo que requiere un esfuerzo considerable. Rechazó la idea de que se trate de "subvenciones" o "privilegios" y consideró que la reforma representa un "ataque frontal" a sindicatos que son esenciales para la estructura democrática, al igual que los partidos políticos y la patronal.