En Murcia, a fecha de 21 de noviembre, la Guardia Civil ha registrado la apertura de un expediente contra el gerente de una empresa local, acusado de varios delitos que incluyen estafa, falsedad documental y violaciones a la normativa ambiental. Esta acción se produce en el contexto de la operación 'Litterbug', que investiga la presunta gestión ilícita de residuos peligrosos.

La investigación se inició el pasado verano, tras recibir una denuncia por parte de una empresa constructora que afirmaba haber sido víctima de un fraude en el manejo de residuos peligrosos, específicamente placas de fibrocemento con amianto. El denunciante detalló que había contratado a una firma con sede en Madrid para realizar la retirada de estos materiales, quien completó el trabajo y emitió una factura que fue pagada.

Sin embargo, la empresa constructora, al solicitar la documentación que probara la correcta gestión de los residuos, se encontró con un certificado que no le convenció y decidió presentar la denuncia correspondiente. Esta inquietud llevó a la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que asumió la investigación para determinar la veracidad de lo denunciado.

Durante las primeras indagaciones, los agentes confirmaron que la empresa encargada de la gestión de residuos no había entregado las placas de fibrocemento retiradas y descubrieron que el documento que supuestamente validaba su gestión era falso. Este hallazgo indica que, a pesar de que estos residuos son considerados peligrosos, no se les brindó la gestión adecuada.

Los investigadores también encontraron que esta no era una anomalía aislada. Se han registrado al menos otros dos casos de irregularidades en la gestión de residuos peligrosos por parte de la misma empresa, lo que revela un patrón preocupante. La emisión de documentos falsos no solo es un delito, sino que también daña gravemente la reputación de la empresa implicada.

Según las pesquisas, el modus operandi de esta compañía se basa en ofrecer servicios de desmontaje y reciclaje de amianto sin las debidas autorizaciones y la presentación de planes de trabajo que exige la ley. Una vez que consiguen la contratación, completan los trabajos y emiten documentación engañosa para aparentar que los residuos han sido manejados de forma correcta.

Luego de recibir el pago, la empresa se desentiende de sus responsabilidades legales, lo que imposibilita que las firmas constructoras puedan recuperar los depósitos de garantía que habían colocado ante las autoridades municipales. En el caso específico de la investigación, se ha determinado que la gestión y almacenamiento de los residuos no cumplió con los procedimientos requeridos, y la operación sigue activa con el objetivo de esclarecer todos los aspectos delictivos involucrados y establecer las posibles responsabilidades tanto penales como administrativas relacionadas con esta gestión fraudulenta.