Este miércoles, la Asamblea Regional ha dado luz verde a una moción impulsada por el PSOE, que ha contado con el apoyo de PP, PSOE y el Grupo Mixto, mientras Vox ha optado por la abstención. Esta iniciativa solicita al Gobierno murciano que efectúe los pagos correspondientes a las ayudas destinadas a instalaciones de autoconsumo eléctrico y adquisición de vehículos eléctricos.

Alfonso Martínez, diputado del PSOE, ha puesto de relieve que la Región de Murcia se encuentra entre las zonas más morosas en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Según datos oficiales del Gobierno de España, solo se ha desembolsado alrededor del 10,4% de los 53,8 millones destinados al autoconsumo y un escaso 2,6% de los 27,3 millones habilitados para el plan Moves III, que promueve la compra de coches eléctricos. Martínez ha lanzado duras críticas hacia el Ejecutivo regional, acusándolo de carecer de transparencia y de no brindar respuestas ni a los afectados ni al Defensor del Pueblo. Asimismo, ha exigido el cumplimiento de la promesa realizada por el consejero de que los beneficiarios verán los pagos realizados en 2025.

Vox, aunque se ha abstenido, ha coincidido en señalar los retrasos, atribuyéndolos a una administración regional que califica de "torpe e ineficaz". Además, han puesto en duda el modelo de ayudas del Gobierno central y la estrategia en torno a los vehículos eléctricos, exigiendo una "neutralidad tecnológica" y criticando lo que consideran una agenda ideológica. Desde el PP, María Luisa Casajús ha defendido que el Gobierno regional se ha comprometido a resolver los expedientes con "criterios técnicos y plena seguridad jurídica", alegando que la burocracia del plan Moves es la verdadera responsable de la situación actual.

Entre otros temas tratados, se rechazó una moción de Vox que proponía restricciones al uso de vestimenta islámica en espacios públicos, recibiendo solo el apoyo del propio grupo. El PP presentó una enmienda a la totalidad, que también fue desestimada, en la que proponía aumentar los recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como capacitación para detectar casos de violencia. Segado, desde el PSOE, criticó que Vox utilice estos debates para obtener atención en redes sociales.

María Marín, portavoz del Grupo Mixto, afirmó que nunca apoyaría discursos de odio que dividan a la ciudadanía y declaró a Vox como un "peligro público". Por su parte, Toñi Abenza del PSOE calificó la propuesta de Vox como "engañosa", recordando que el sistema legal ya prohíbe las coacciones y agresiones. Abenza enfatizó que el problema radica no en la vestimenta, sino en el racismo, abogando por la educación y la integración como claves para una convivencia armoniosa.

Se aprobó también una moción del PP en apoyo a los trabajadores autónomos, que contó con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y el Grupo Mixto se opusieron. Mari Ángeles Román, del PP, criticó la política fiscal del Gobierno de España, la alza de cuotas y la implementación de la factura electrónica, pidiendo una manifestación de apoyo al colectivo para aliviar su situación. "No se puede exigir al autónomo que progrese mientras en Madrid lo ahogan", lamentó Román.

Vox, aunque apoyó la moción, la consideró insuficiente, señalando que muchos autónomos han comenzado a trabajar como último recurso frente a la pobreza. En contraparte, José Luis Álvarez-Castellanos del Grupo Mixto criticó al PP por celebrar ayudas que no se ejecutan, presentando cifras que demuestran convocatorias sin agotar. Virginia Lopo, del PSOE, reivindicó la cotización basada en ingresos reales como una "reivindicación histórica", recordando que las cotizaciones representan derechos futuros y alertando sobre el peligro de propuestas como la "cuota cero".

En otro punto, se debatió una moción del PSOE para conmemorar los 50 años de democracia en España, destacando avances sociales y rindiendo homenaje a aquellos que han contribuido a la libertad en el país. La diputada Lola Jara subrayó que la transición debe servir como modelo de madurez política y que la Constitución de 1978 devolvió la soberanía al pueblo, fundamentando así los valores de libertad y justicia.

Desde el PP, Miguel Ángel Miralles cuestionó la pertinencia de destinar recursos a actos conmemorativos, argumentando que debería priorizarse la defensa de la libertad, en lugar de celebrarla, y acusó al Gobierno de limitar la libertad de prensa. Vox, a través de Antonio Martínez, formuló críticas amplias sobre los últimos 50 años, señalando deficiencias en el modelo autonómico y la administración actual como "la peor en décadas". María Marín resaltó la importancia de la memoria democrática en la región y denunció la inadecuada gestión del antiguo centro penitenciario de Murcia, ahora centro cultural, alegando que no ha reparado a las víctimas de la dictadura.

Adicionalmente, la Cámara desestimó una moción del PP que proponía la eliminación temporal del IVA en productos como el pollo y los huevos, justificada como una medida necesaria para mitigar la crisis de precios y los impactos de la gripe aviar. La portavoz del PP defendió que estos productos son esenciales en la dieta de muchas familias.

Vox complementó esta propuesta con una enmienda que va más allá y criticó la difícil situación económica que enfrenta la clase media, señalando que las decisiones del Gobierno central y regional están afectando enormemente la capacidad de ahorro de los hogares. Pedro López del PSOE replicó que no se ha demostrado que la reducción del IVA beneficie automáticamente al consumidor, abogando por reformas estructurales que fortalezcan los salarios y los servicios públicos. A su vez, Álvarez-Castellanos destacó las altas tasas de exclusión social en la región, promoviendo el fortalecimiento de ayudas sociales como el ingreso mínimo vital.