En Murcia, el 23 de diciembre, se ha registrado una nueva propuesta legislativa que busca modificar la Ley 3/2020, de 27 de julio, centrada en la recuperación y protección del Mar Menor. Esta iniciativa proviene del Grupo Parlamentario Popular y ha suscitado diversas opiniones sobre su propósito real.

El Partido Popular ha defendido que este cambio es meramente administrativo, diseñado para alinear las sanciones económicas de la legislación local con las establecidas en la normativa estatal. Las fuentes del PP han comunicado que esta modificación no afectará las restricciones previamente implementadas ni las multas impuestas a las actividades en la región que impactan en el delicado ecosistema del Mar Menor.

Este acuerdo forma parte de una negociación más amplia con Vox, que fue decisiva para el apoyo de los presupuestos comunitarios de 2025. José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, había expresado que su partido aún espera recibir el texto final de esta reforma, generando expectativas sobre qué cambios específicos se contemplan.

Desde el PP se ha asegurado que las regulaciones sobre la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirán siendo extremadamente estrictas, manteniendo la prohibición de prácticas que amenacen la salud del lago. Afirman que la intención de ajustar la cuantía de las sanciones es simplemente para asegurar un tratamiento equitativo con respecto a otras regiones españolas, evitando así un marco desproporcionado en Murcia.

Los líderes del PP han resaltado que es irracional que las multas locales en Murcia difieran de las establecidas a nivel nacional, citando la analogía con las infracciones de tráfico donde las sanciones deberían ser coherentes en todo el país.

Además, la propuesta incluye un cambio de redacción en el artículo 83.4 de la misma ley, que afecta a los requisitos para la recepción de ayudas comunitarias. Este cambio sustituyó "conllevarán" por "podrán conllevar", lo que podría tener implicaciones en el acceso a subvenciones. En total, la enmienda afecta de manera limitada a solo un par de artículos dentro de un marco legislativo mucho más extenso.

Finalmente, se ha incorporado una disposición adicional con el propósito de ajustar la Ley del Mar Menor a futuras normativas una vez que el Programa de Actuación de Zonas Vulnerables sea aprobado, proceso que se encuentra actualmente en periodo de consulta pública.

Este ajuste legislativo responde a las actividades de la comisión dedicada a evaluar la efectividad de la ley después de cinco años en vigor y ha sido presentado para un análisis más extensivo dentro del debate sobre la protección del Mar Menor.