En una reciente comparecencia ante la Comisión Especial sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional, Carmen García, presidenta de la Fundación Red Madre, ha levantado la voz para cuestionar la distribución de los recursos públicos en relación al aborto y la maternidad. García ha afirmado que el Estado destina diez veces más a la interrupción del embarazo que a las medidas de apoyo a las madres, instando a la creación de una ley integral que respalde a las mujeres durante la gestación y la crianza, de modo que la opción del aborto no sea la única alternativa disponible.

Durante su intervención, García presentó el "Mapa de la maternidad 2024", el cual revela que en España se han invertido más de 101,3 millones de euros en asistencia a mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Sin embargo, destacó que la mayor parte de estos fondos se concentra en Madrid y Galicia, donde se asignan más de 96 millones, dejando al resto del país con apenas 4,8 millones. Este escenario ha afectado la ayuda promedio, bajándola a solo 21 euros anuales en algunas comunidades, lo que representa una cifra preocupante para el bienestar de las madres.

García subrayó que apoyar la maternidad no solo es un imperativo social, sino una inversión estratégica para el futuro de la sociedad. Lamentó que una de cada tres mujeres que dan a luz carezcan de acceso a prestaciones por maternidad debido a su situación laboral, y enfatizó que la maternidad se ha convertido en una carga para muchas, contribuyendo al hecho de que casi el 32 % de ellas se encuentren en pobreza laboral.

En el contexto de su entidad, García afirmó que más de 400.000 mujeres han buscado ayuda de Red Madre en sus dieciséis años de actividad. Cuando estas reciben apoyo emocional y material, ocho de cada diez decidieron continuar con su embarazo. En Murcia, mencionó que 100 mujeres en riesgo de aborto han sido ayudadas en los últimos dos años gracias a la organización, lo cual refleja el impacto positivo de su trabajo en estas familias.

La fundación no solo ofrece asistencia durante el embarazo, sino que acompaña a las mujeres en el parto y proporciona apoyo continuo hasta que el bebé cumple los dos años. García enfatizó que su enfoque es la defensa de la vida y que no se trata de rechazar el aborto, sino de ofrecer opciones a quienes deseen seguir adelante con su embarazo, a menudo en circunstancias complicadas.

García también propuso la necesidad de una legislación que resuelva diversas dimensiones del embarazo y la crianza, abarcando aspectos emocionales, laborales y habitacionales. Considera que, con un verdadero apoyo a la maternidad, se podría incrementar la natalidad y disminuir la necesidad del aborto, una afirmación que convoca a una profunda reflexión sobre el camino que toma la política en torno a la maternidad y la paternidad.

Respecto al "síndrome postaborto", García reconoció que no está oficialmente diagnosticado, pero afirmó que su entidad cuenta con documentación sobre el impacto psicológico de las mujeres que han pasado por abortos. Al mismo tiempo, se manifestó sobre el uso de la píldora abortiva, considerándola un enfoque inadecuado en un marco donde se debería priorizar el bienestar de las mujeres.

En su intervención, también denunció una campaña de hostigamiento hacia Red Madre, mencionando agresiones y ataques a su sede, y rechazó la percepción de la organización como "ultraconservadora". Clarificó que, a pesar de contar con algunas subvenciones, la mayor parte del financiamiento se consigue mediante procesos competitivos, como cualquier otra organización.

La diputada socialista Lola Jara enfatizó la necesidad de que las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables reciban apoyo gubernamental, pero defendió la existencia de leyes que garanticen el acceso al aborto seguro y con garantías. Jara criticó que la Región de Murcia presenta una baja cobertura pública en servicios abortivos, lo que convierte a las mujeres en víctimas de un sistema que limita su autonomía y acceso a cuidados médicos.

Desde el Grupo Mixto, María Marín expresó su apoyo a la labor de Red Madre, pero también cuestionó las tácticas empleadas por la organización y demandó un respeto total hacia las decisiones de las mujeres que optan por abortar. Marín solicitó clarificaciones sobre el seguimiento que se realiza a los bebés tras su nacimiento, buscando entender mejor cómo se apoya a estas familias una vez que el niño llega al mundo.

El diputado de Vox, Ignacio Arcas, por su parte, reconoció el trabajo de Red Madre y abordó la problemática económica que enfrentan muchas familias, planteando cuestionamientos sobre la ley actual del aborto y manifestando su apoyo a iniciativas que promuevan el bienestar de las mujeres en situaciones críticas.

Finalmente, la diputada del PP, Maruja Pelegrín, también ofreció reconocimiento a Red Madre, defendiendo su labor y subrayando la necesidad de informar a las mujeres sobre sus opciones y recursos disponibles. Pelegrín concluyó resaltando que la defensa de la vida y el apoyo a las mujeres debe ser un objetivo común que trascienda las divisiones políticas, y destacó que esta misión es un bien para la sociedad en su conjunto.