24h Murcia.

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Rubira respalda a los pescadores murcianos frente a nuevos ataques y exige el cese de su hostigamiento.

Rubira respalda a los pescadores murcianos frente a nuevos ataques y exige el cese de su hostigamiento.

Murcia, 18 de enero.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, expresó hoy su descontento con las recientes regulaciones impuestas por la Unión Europea y adoptadas por el Gobierno español que afectarán la operación de los pescadores, al exigirles que notifiquen su llegada al puerto con al menos 90 minutos de anticipación.

Rubira manifestó su solidaridad con el sector pesquero, que se enfrenta a lo que considera un nuevo golpe a su labor. “Esta modificación no solo no garantiza un mejor control de las capturas, sino que añade una capa más de dificultad a la labor de la flota”, declaró.

La consejera recordó que en los últimos años, los pescadores han experimentado recortes en sus días de actividad y ahora enfrentan restricciones horarias a su entrada en puerto. Esto podría llevar a situaciones absurdas, como que un barco de pesca de costa deba detener su actividad una hora antes de llegar al puerto, comprometiendo así la calidad del pescado.

“Los pescadores ya están sujetos a rigurosos controles a lo largo del año y han demostrado su capacidad de adaptación a normativas cada vez más estrictas. Han invertido en sus embarcaciones y métodos para poder navegar hasta 130 días al año”, agregó Rubira.

Desde el Gobierno regional, Rubira afirmó que continuarán luchando por los derechos de los pescadores, asegurando que su voz será escuchada en los foros necesarios para defender un trabajo digno que beneficie a todas las familias del sector. “El sector pesquero requiere de mayor apoyo y menos burocracia”, aseveró, mientras anunciaba que han presentado alegaciones al Ministerio para exceptuar a la flota costera que opera en el día de estas nuevas exigencias.

Finalmente, Rubira instó al Gobierno de España y al ministro Planas a tomar medidas efectivas en defensa de los pescadores, advirtiendo que de no hacerlo, podrían ser vistos como cómplices de políticas perjudiciales que amenazan la sostenibilidad del sector.