Murcia, 3 de septiembre. La reciente iniciativa del partido Vox de convocar una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la financiación de centros que acogen a menores no acompañados en la Región ha resultado ser, según los expertos, carente de fundamento legal.

La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, que regula la Transparencia y Participación Ciudadana en la comunidad, deja claro que las consultas públicas deben estar dirigidas a recoger opiniones sobre proyectos específicos impulsados por el Gobierno regional. No obstante, no se contempla la posibilidad de preguntar sobre materias que forman parte de competencias estatales, como es el caso de la tutela de menores en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la responsabilidad de proteger a los menores extranjeros no acompañados recae de manera ineludible en el Gobierno regional, lo que hace que la idea de una consulta ciudadana sobre esta cuestión sea inviable desde una perspectiva legal.