La reciente sesión del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha puesto de manifiesto una polarización evidente en torno al tema de la vivienda, tras el rechazo del Decreto-ley 3/2025, que proponía medidas urgentes en esta materia. La iniciativa del Gobierno regional, que buscaba ampliar la oferta de vivienda, recibió el apoyo exclusivo del Partido Popular, mientras que PSOE, Vox y el Grupo Mixto decidieron votar en contra, dejando a la Administración regional sin una herramienta clave para abordar lo que se considera una crisis habitacional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, defendió con vehemencia el decreto, al señalar que representa una acción urgente ante la emergencia residencial que afecta a la región. García instó a los representantes políticos a unirse en la búsqueda de soluciones, subrayando que la norma nació de un diálogo previo con diversos actores del sector. Según él, las medidas incorporadas son innovadoras y tienen un efecto inmediato, destacando la creación de una nueva figura de vivienda asequible que reemplazaría a la tradicional Vivienda de Protección Oficial (VPO).

El decreto en cuestión contempla un enfoque renovado que simplifica procesos, reemplazando las calificaciones de suelo por declaraciones responsables y promoviendo nuevas modalidades habitacionales como el coliving y el cohousing. Además, se propone ofrecer incentivos urbanísticos significativos y crear un Panel de Impulso Urbanístico para acelerar trámites. García lamentó que, en lugar de contribuir al progreso, la oposición optara por el bloqueo en un tema tan crucial.

Desde las filas del PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega manifestó su desacuerdo, argumentando que el decreto carece de medidas efectivas para reducir los precios de la vivienda. Ortega reprochó al Gobierno regional el rechazo de propuestas socialistas fundamentales, como mantener la titularidad pública del suelo y garantizar que un porcentaje significativo de las viviendas asequibles esté destinado al alquiler asequible. Criticó la propuesta del Ejecutivo por presentar como asequibles viviendas que resultan inalcanzables para la mayoría de las familias trabajadoras.

Asimismo, el diputado socialistas recordó que la administración liderada por López Miras no ha construido vivienda pública en los últimos ocho años y que ha transferido competencias a los municipios sin facilitar los recursos necesarios. Ortega argumentó que el decreto perpetúa una ley del suelo que ya desató una crisis económica en el pasado y que solo beneficia a quienes operan en el mercado especulativo.

Por su parte, Vox, a través de su representante María José Ruiz, criticó la propuesta del PP como una mera repetición de modelos anteriores y carente de medidas que realmente impacten en el costo de la vivienda. Ruíz defendió que la única solución viable sería liberar suelo no protegido y reducir la carga fiscal, a la vez que descalificó las propuestas de coliving y cohousing como ideas propias de economías colectivistas. La portavoz de Vox dejó clara su preferencia por un modelo donde los ciudadanos sean propietarios.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, también cuestionó la metodología del PP al presentar el decreto, acusando a la formación de falta de consenso y de no haber dialogado adecuadamente con su grupo. Afirmó que la administración no ha podido cumplir las promesas habitacionales y, al no proponer una reducción impositiva, sigue sin abordar de manera efectiva las necesidades del sector.

Desde el Grupo Mixto, la portavoz María Marín criticó duramente el decreto, al calificarlo de engañoso y señalar que realmente no generará viviendas asequibles. Con precios superiores a la media regional, Marín destacó que la mayoría de los murcianos no podrían acceder a estas opciones, acusando al Gobierno de servir a los intereses de la patronal de la construcción a expensas del bien común. Además, hizo un llamado al PSOE para trabajar conjuntamente en una ley de vivienda que sirva como alternativa a la propuesta actual.

Finalmente, Joaquín Segado, del PP, lamentó el fracaso de la iniciativa, acusando a PSOE y Vox de formar una coalición para frenar alternativas que beneficiarían a la región. Defendió el decreto como un intento pionero y ambicioso que surge del diálogo con varios sectores y advirtió que con su negativa, la oposición ha fallado a jóvenes y a la clase media murciana.