Este miércoles, la Asamblea Regional ha alcanzado un consenso unánime al aprobar una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que demanda al Gobierno de España la creación de 18 nuevas unidades judiciales en la Región de Murcia. Sin embargo, un apartado específico del primer punto fue sometido a votación por separado y logró avanzar con el rechazo del partido Vox.

El diputado del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha subrayado la necesidad urgente de incrementar el número de jueces y plazas judiciales, aseverando que la moción tan solo refleja una demanda legítima que ha sido rechazada durante ansiosos años por el propio Tribunal Superior de Justicia. A su juicio, la carencia de recursos adecuados obstaculiza el camino hacia una justicia más efectiva, enfatizando que "los recursos son resultado de la voluntad política."

Martínez-Carrasco ha hecho hincapié en que la Región de Murcia cuenta con una de las tasas más bajas de jueces por cada 100,000 habitantes, con solo 10,7 en contraste con una media nacional de 12,1. Esta disparidad, según él, es indicativa de un "déficit estructural" que ha persistido en el tiempo. Además, ha apuntado que la litigiosidad ha aumentado drásticamente, con un incremento del 30% en la última década, y que el número total de asuntos pendientes ha crecido un notable 124% durante el mismo periodo.

En su intervención, Martínez-Carrasco ha enfatizado que la responsabilidad de crear nuevos jueces y juzgados recae en el Gobierno central, insistiendo en que levantar esta demanda no es una cuestión política, sino una obligación constitucional. Su moción, ha asegurado, representa una exigencia legítima y coherente con el marco de competencias actual.

El diputado ha señalado que en la actualidad, los problemas de justicia en España están eclipsados por escándalos de corrupción que han desviado la atención pública, lo que ha llevado a una "degradación política" evidente en el panorama judicial. Martínez-Carrasco ha hecho una analogía, mencionando que aquellos que vivieron en décadas pasadas podrían recordar publicaciones como "El Caso", sugiriendo que debido a las circunstancias actuales, este tipo de publicaciones podría tener suficiente material para ediciones diarias.

A pesar del clima de desánimo en torno a la política judicial, el diputado ha advertido que este contexto no debe ocultar un problema más apremiante: la escasez de juzgados que impide garantizar el acceso a una justicia adecuada en tiempos razonables. En este sentido, ha citado las preocupaciones expresadas por el presidente del TSJ de la Región, Manuel Luna Carbonell, quien ha destacado que la falta de recursos compromete el derecho de los ciudadanos a una justicia oportuna, solicitando con urgencia la creación de 18 nuevas unidades judiciales.

Además, el diputado ha presentado estadísticas que reflejan el aumento significativo en la carga de trabajo de los órganos judiciales murcianos, que registraron más de 254,000 asuntos en 2024, lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior. Datos recientes indican que en el primer trimestre de 2025 se ingresaron 70,826 nuevos casos, dejando más de 212,000 asuntos en proceso, lo que requerirá más de tres años para resolverse sin refuerzos en la plantilla.

En una postura crítica, el diputado de Vox, Rubén Martínez, ha reconocido que la creación de nuevas unidades judiciales es "justa y necesaria", pero ha argumentado que la moción refleja la ineficacia inherente a la política bipartidista. Desde Vox, se ha subrayado la importancia de asegurar la independencia judicial y proporcionar al sistema los medios que requiere para operar eficazmente.

Por su parte, la diputada socialista Virginia Lopo ha respondido a las afirmaciones del PP, asegurando que no se puede sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado este asunto. Lopo ha aportado datos que revelan un aumento en el número de jueces en la Región desde el final del mandato de Rajoy en 2018, donde había 156 jueces, pasando a 174 en la actualidad, con nombramientos recientes que incluyen jueces destinados a casos de violencia de género.

A pesar de ello, Lopo ha reconocido que la cantidad actual de unidades judiciales sigue siendo insuficiente y que la dilación en la administración de justicia afecta directamente derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en temas de violencia de género y derechos de menores. Por esta razón, ha confirmado su apoyo a la moción.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha señalado que aunque la postura del PP es predecible, la propuesta se alinea con una necesidad amplia que, a pesar de sus reservas, su grupo decidió respaldar, considerando que surge del Tribunal Superior de Justicia y forma parte de un análisis más amplio de necesidades en todo el país.

Finalmente, se rechazó una moción para que el servicio de Emergencias 112 fuese gestionado públicamente de forma directa. Álvarez-Castellanos argumentó que este servicio es vital y que su privatización ha generado precariedad laboral, mientras se ha hecho hincapié en que la gestión del mismo debería ser una prioridad para garantizar la seguridad ciudadana.

La diputada socialista, Fernando Moreno, también fue crítica al señalar que la moción no buscaba abordar la totalidad de los problemas existentes en el servicio, haciendo un llamado urgente para la mejora de las condiciones laborales y la inseguridad en las instalaciones del sistema de emergencias. Mientras, Vox, liderado por Pascual Salvador, ha insistido en la necesidad de centralizar el servicio, argumentando que una gestión directa podría amenazar los empleos actuales. Desde el PP, el diputado Alfonso Cerón defendió el modelo de externalización vigente, argumentando que provee la especialización necesaria en un servicio tan crítico.