Hoy, en un Pleno de control, Vox ha lanzado fuertes críticas al Gobierno regional, acusándolo de ser un "gestor de la miseria" y de implementar un sistema de distribución de ayudas que responde más a intereses políticos que a criterios técnicos. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, fue el blanco de estas acusaciones durante el debate, centrado en el apoyo a familias y menores en situaciones de vulnerabilidad.

El diputado Rubén Martínez, de Vox, no dudó en calificar al Partido Popular como una "estafa". En su intervención, cuestionó las cifras asignadas al bienestar familiar en el presupuesto, afirmando que, tras revisar las partidas, el total destinado a las familias apenas asciende a 8,5 millones de euros, lo que representa solo el 1% del presupuesto total.

Martínez también destacó la alarmante situación socioeconómica en la Región de Murcia, señalando que más de medio millón de ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza y que hay 122.000 menores en estas condiciones. El diputado enfatizó la gravedad de la situación: "Son niños que, en pleno siglo XXI, están pasando hambre", y subrayó que la Región posee la tasa más alta de pobreza infantil severa de España.

A continuación, el diputado cuestionó los criterios utilizados para distribuir las ayudas municipales, planteando una interrogante provocadora: "¿Es justo que el rico reciba más que el pobre?". Con esto, Martínez instó a la consejera a revisar y adoptar enfoques que prioricen la "eficacia, eficiencia y equidad" en la distribución de recursos.

La consejera Ruiz respondió que Vox aborda la pobreza desde una perspectiva muy limitada, mientras que los servicios sociales trabajan en función de necesidades específicas, más allá de los datos financieros. Defendió que el sistema de reparto de ayudas se basa en criterios técnicos y está establecido por la ley, recalcando que cada euro invertido se justifica y se verifica.

En otro punto del debate, la diputada María José Ruiz, también de Vox, trató el tema de la conciliación, advirtiendo que "casi la mitad de nuestros niños están en riesgo de pobreza y exclusión social". Criticó la escasez de plazas gratuitas para menores de 3 años y cuestionó el presupuesto destinado a esta causa, sugiriendo que es insuficiente para atender de forma adecuada a las necesidades de las familias.

Ruiz destacó la gravedad de la situación al afirmar que el compromiso financiero del Gobierno representa menos de 10 euros anuales por niño, un monto que considera insultante para quienes luchan diariamente por conciliar trabajo y familia. Propuso la necesidad de implementar deducciones fiscales significativas, así como un cheque de conciliación para apoyar a los hogares.

La consejera Ruiz, por su parte, defendió que el sistema de financiamiento está diseñado para operar a través de los ayuntamientos y criticó a Vox por no exigir al Gobierno central la implementación del Plan Corresponsables. Indicó que las iniciativas del Gobierno regional ya han generado 800 empleos y que este año han aprobado 600.000 euros en subvenciones para 43 entidades locales, beneficiando directamente a miles de familias.

En el ámbito de la salud, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, cuestionó las diferencias en el presupuesto de la Consejería de Salud a lo largo de los años, resaltando que el Tribunal de Cuentas ha señalado que los fondos del Servicio Murciano de Salud no satisfacen las verdaderas necesidades. Puso de relieve la discrepancia entre los presupuestos iniciales y lo finalmente ejecutado, lo que podría afectar gravemente a la atención sanitaria en la región.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó que las variaciones en el presupuesto son el resultado de ajustes contables y enfatizó la necesidad de una financiación adecuada por parte del Gobierno central para garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios.

Finalmente, el Pleno también abordó una interpelación del PP sobre un programa de 3 millones de euros destinado a la transformación digital de empresas. La diputada Mari Ángeles Román alertó sobre la sobrecarga fiscal que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, criticando un ambiente de control excesivo por parte de las autoridades.

La consejera de Empresa, María Isabel López Aragón, defendió el plan de ayudas como una oportunidad para impulsar la digitalización, destacando que las subvenciones pueden alcanzar hasta 80.000 euros por empresa y priorizando tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad. Su objetivo, según explicó, es fortalecer la competitividad de las pymes y conectarles con el ecosistema tecnológico regional.