En la Región de Murcia se han registrado 117 agresiones sexuales grupales cometidas por adolescentes entre los años 2017 y 2022, según el estudio 'Silenciadas' presentado por Save the Children con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Este número coloca a la Región en el séptimo lugar del ranking de todas las comunidades autónomas, liderado por Andalucía, seguida de Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares.
En 2022, la Región de Murcia contabilizó un total de 266 denuncias por delitos sexuales, situándose en la décima posición en este aspecto. A nivel nacional, Andalucía encabezó la lista, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Además, la Región fue la sexta comunidad con mayor número de menores de 18 años condenados por delitos sexuales en 2022, destacando la alta prevalencia de agresiones sexuales contra menores en el país.
Las víctimas de agresiones sexuales durante la infancia son mayoritariamente niñas y adolescentes, lo que demuestra una problemática grave que afecta a la juventud en España.
Save the Children señala que en un 97% de los casos de delitos sexuales, el agresor es un hombre, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar la educación en igualdad y el respeto hacia las mujeres desde edades tempranas.
La organización advierte sobre el consumo de pornografía por parte de adolescentes, lo cual puede influir en sus comportamientos y percepciones erróneas sobre las relaciones afectivas y sexuales.
Las agresiones sexuales grupales han aumentado en más de un 64% en los últimos años, reflejando un preocupante incremento en este tipo de violencia.
Save the Children pide una legislación específica que aborde la prevención de la violencia sexual contra niños y adolescentes, así como una educación afectivo-sexual y en el uso responsable de las nuevas tecnologías desde las edades más tempranas.
Es fundamental brindar atención integral a las víctimas de violencia sexual, garantizando sus derechos y proporcionando el apoyo necesario para su recuperación. Además, se debe trabajar en la formación de profesionales y la coordinación de recursos para atender tanto a las víctimas como a los agresores adolescentes.
En resumen, es urgente tomar medidas concretas para prevenir la violencia sexual, promover la igualdad de género y proteger a la infancia y adolescencia de situaciones de abuso y agresión.
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