Este 9 de enero, la región de Murcia se alzó en defensa del trasvase Tajo-Segura, denunciando lo que han denominado un “hachazo” a este sistema de transporte de agua, a raíz de la reciente implementación de un nuevo caudal ecológico que limita el flujo de agua al Levante a 8 metros cúbicos por segundo.

La nueva normativa, que entró en vigor el 1 de enero, representa un recorte significativo en la disponibilidad de agua, con unas proyecciones que apuntan a una disminución de aproximadamente 70 hectómetros cúbicos anuales, un cambio que los responsables regionales critican enérgicamente.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reunió con Lucas Jiménez, líder del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), para abordar este tema; juntos expresaron su preocupación por lo que consideran un "nuevo recorte efectivo" impuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocido como Miteco.

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, subrayó que la decisión carece de justificación técnica adecuada, señalando que no se ha realizado ninguna evaluación completa del caudal anterior antes de adoptar este cambio, lo que contraviene la creación obligatoria de una Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo.

Ortuño también remarcó que este tipo de recortes progresivos no solo amenazan la viabilidad del trasvase, sino que podrían impactar de manera negativa en la agricultura del sureste español, poniendo en riesgo miles de empleos.

El nuevo caudal ecológico, en la opinión de Ortuño, tiene profundas implicaciones que abarcan esferas económicas, sociales y territoriales; asegura que esa decisión política se traduce en menos garantías para los regantes, mayor incertidumbre y un acceso al agua más costoso, sin ofrecer alternativas reales que reemplacen los recursos del trasvase.

Por otro lado, el representante del Scrats comentó que el compromiso del Gobierno central con Castilla-La Mancha incluía tanto recortes en el trasvase como una inversión de 3.150 millones de euros destinada a mejorar la depuración del Tajo y las infraestructuras de la cuenca del Segura; sin embargo, enfatizó que la reducción del trasvase parece ser la única parte del acuerdo que se está cumpliendo de manera estricta.

Jiménez también expresó su inquietud por el futuro, no solo de recursos hídricos subterráneos, sino por la inminente sentencia que debe pronunciarse sobre la demanda presentada por su sindicato respecto a la planificación del Tajo.

Además, criticó fuertemente que mientras se implementan recortes en el trasvase Tajo-Segura, el Gobierno esté invirtiendo en infraestructura hídrica en Marruecos, una maniobra que consideró una "traición" al sector agrícola español.

Sobre las normas de explotación del trasvase, Jiménez advirtió que las autoridades temen hacer públicas estas reglas, ya que podrían revelar que son simplemente producto de decisiones políticas, y enfatizó que la actual capacidad de almacenamiento, que asciende a 1.160 hectómetros cúbicos, permite al Gobierno mantener el statu quo sin modificar las regulaciones existentes.

Asimismo, hizo un llamado a los agricultores y ganaderos del Levante para que participen en una asamblea programada para finales de enero, donde se discutirán los recursos subterráneos, subrayando la importancia de que el Gobierno comprenda que no se puede jugar con el sector sin alternativas claras.

Frente a esta problemática, tanto el Gobierno regional como el Scrats coincidieron en que el próximo ciclo de planificación hidrológica, que abarca 2028-2033, debe ser un punto de inflexión, donde se revise la metodología de los caudales ecológicos y se garantice una coexistencia real entre la protección del Tajo y el mantenimiento del trasvase como un recurso esencial para el Estado.

Para lograr este objetivo, Ortuño destacó la necesidad de incorporar datos precisos y establecer mecanismos de coordinación efectivos, instando al Gobierno a abandonar el enfoque ideológico actual que obstaculiza el desarrollo de una verdadera política hídrica en España. La implementación de un Plan Hidrológico Nacional es vista como crucial por el consejero.

Finalmente, Ortuño reafirmó la voluntad del Gobierno regional de defender con firmeza el trasvase Tajo-Segura, anunciando que continuarán actuando de manera coordinada en todos los frentes políticos, institucionales y jurídicos ante decisiones que amenacen el equilibrio territorial y el futuro del Levante.