En un vibrante Pleno de la Asamblea Regional, la diputada María Marín, representante de la coalición Podemos-IU-AV, llevó a cabo una acción simbólica impactante al colocar un capirote blanco, reminiscente de los usados por el Ku Klux Klan, en el escaño del diputado de Vox, José Ángel Antelo.

El Pleno ha tomado una decisión clave al aprobar este miércoles el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2025. La aprobación fue posible gracias a los votos favorables de los 21 miembros del Partido Popular, mientras que Vox optó por la abstención, y los grupos Socialista y Mixto votaron en contra.

El debate y votación sobre los presupuestos se vio marcado por la controvertida intervención de María Marín, quien se levantó de su asiento para llevar el capirote al escaño de Antelo. Esta acción generó un momento de tensión en el que la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, tuvo que intervenir en varias ocasiones, pidiendo a Marín que regresara a su lugar y retirando el símbolo provocador.

Antelo, alzando la voz en la sala, exigió que Marín utilizara el micrófono para repetir sus palabras, con un tono amenazante en el que insinuó la posibilidad de tomar acciones legales en su contra. La tensión entre ambos partidos se intensificó, reflejando las profundas divisiones ideológicas presentes en la política regional.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, criticó sin tregua los presupuestos, describiéndolos como un reflejo de las políticas más extremistas que ha presenciado la Región. Acusó al presidente regional, Fernando López Miras, de aliarse con ideologías de extrema derecha en un intento por mantener el poder, advirtiendo que estos presupuestos fomentan el odio y la intolerancia desde las instituciones.

Fernández enumeró varias medidas perjudiciales, entre las que se incluyen el cierre de centros de acogida para jóvenes migrantes y la eliminación de programas de inclusión social. También puntualizó que este acuerdo con Vox plantaría la semilla del odio, sugiriendo que sus consecuencias podrían ser difíciles de manejar una vez que se desencadenen.

La dirigente socialista hizo un llamado al presidente López Miras para que termine el pacto con Vox, argumentando que la dignidad y el bienestar de la Región deben prevalecer sobre los intereses partidistas. En su intervención, alertó que el acuerdo entre el PP y Vox dibuja un escenario de miedo y división en la comunidad, y destacó el preocupante incremento de los delitos de odio en los últimos años.

Con un enfoque en ofrecer soluciones concretas, Fernández presentó 191 enmiendas que, sumadas, transformaban una cantidad importante de recursos con el objetivo de mitigar la radicalidad del presupuesto, proponiendo acciones en educación, sanidad pública y contra la violencia de género.

Ante estas acusaciones, el diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, antepuso su propia defensa, refiriéndose a los presupuestos como “gatopardistas” y atacando tanto al PSOE como al PP por años de corrupción. En su discurso, desafió a la sociedad a darle una oportunidad por cuatro años, argumentando que el bipartidismo ha llevado el estado del bienestar a un estado de malestar, especialmente para la juventud.

Martínez Alpañez rechazó las enmiendas socialistas, llamándolas “ocurrencias”, y defendió que su grupo es la auténtica alternativa política, destacando que el PP ha abandonado su identidad en favor de políticas poco claras.

Desde su trinchera, Marín no escatimó críticas hacia el PP y Vox, denunciando su intención de cerrar centros para menores y su rechazo a diversas ayudas y proyectos de infraestructura esenciales para la región, subrayando que ambos partidos, a pesar de sus diferencias aparentes, responden a la misma agenda.

Además, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, de Podemos-IU-AV, caracterizó los presupuestos como "antisociales”, haciendo hincapié en los prolongados tiempos de espera en dependencia y en la atención sanitaria, un reflejo de la gestión actual.

Por su parte, Joaquín Segado, portavoz del PP, defendió los presupuestos como una propuesta pensada para el bienestar general y criticó, duramente, la administración del Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de favorecer solo a su partido y desmantelar instituciones esenciales.

Segado culminó su intervención rebatando las acusaciones contra su partido y criticando la desigualdad en la distribución de fondos entre comunidades autónomas, denunciando que el Gobierno apunta a crear un país dividido entre ricos y pobres por razones geográficas.

Al final de la sesión, las enmiendas defendidas por los grupos Socialista y Mixto fueron nuevamente rechazadas y el Proyecto de Ley de Presupuestos fue aprobado, transformándose en ley a pesar de la oposición marcada por un contexto de creciente tensión políticas en la región.