En una reciente sesión de control en la Asamblea Regional, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, expresó su intención de reunirse urgentemente con el CEO de Sabic. Esta medida busca esclarecer las preocupaciones planteadas por el comité de empresa tras el anuncio de la venta y cierre de la planta en Cartagena.

La diputada María Marín, del Grupo Mixto, fue quien planteó la inquietud sobre las estrategias adoptadas para preservar los más de 500 empleos directos y miles indirectos que dependen de la compañía. Marín instó a López Miras a "luchar" para impedir que la empresa caiga en manos de fondos especulativos y criticó a Vox por atribuir a las políticas medioambientales la responsabilidad del cierre, acusando a este partido de fomentar el odio en lugar de buscar soluciones.

En su respuesta, el presidente regional afirmó que tanto su gobierno como el Ayuntamiento de Cartagena han cumplido con las solicitudes del comité de empresa, que pedía claridad en las conversaciones con la empresa y que se asuma la responsabilidad del bienestar de los trabajadores. López Miras enfatizó la necesidad de definir quién se hará cargo de la situación laboral de la plantilla.

Al trazar el contexto de la carta dirigida al CEO de Sabic, el presidente enfatizó la urgencia de obtener respuestas sobre la fecha y el método de venta de la planta, además de la responsabilidad sobre el futuro de los empleados. "Asumir esta responsabilidad es lo que se espera de nosotros", aseguró, contrastando esta postura con lo que describió como "lo peor de la política", sugiriendo que hay quienes juegan con la incertidumbre y el miedo de las familias.

En otro punto de la sesión, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, planteó preocupaciones sobre la seguridad en la región, calificando 2025 como el año más violento de la historia de Murcia, y subrayó la escasez de efectivos policiales. Antelo exigió que se implementen políticas regionales para abordar estos problemas, insistiendo en que el Gobierno autonómico debe aumentar la capacidad de los cuerpos de seguridad.

El presidente López Miras coincidió en la importancia de la seguridad, defendiendo que su gobierno ha demostrado ser el más preocupado por este aspecto. Sin embargo, recordó que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que la seguridad pública recae en el Estado, criticando a Vox por intentar desviar las responsabilidades hacia el ámbito regional. Anunció medidas específicas, como el mayor programa de seguridad en la historia de la Región, con una inversión de 120 millones de euros, además de un programa destinado a incrementar la seguridad durante los fines de semana en colaboración con los ayuntamientos.

El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, preguntó sobre los objetivos para 2026. López Miras destacó que la región ha cerrado 2025 con cifras récord de empleo y exportaciones, y resaltó como prioridades el acceso a la vivienda, la seguridad, la educación y la sanidad, junto con la defensa del trasvase Tajo-Segura.

En lo que respecta a la vivienda, el presidente anunció que el Consejo de Gobierno impulsará nuevamente la Ley de Vivienda regional, con el objetivo de construir 25,000 viviendas en los próximos cinco años. "Hemos buscado el diálogo y la inclusión de aportaciones, no se puede negar a los jóvenes una ley que garantice opciones de vivienda asequible", declaró.

Por último, el PSOE demandó un compromiso específico para mejorar la situación sanitaria en 2026, solicitando más profesionales y reducciones en las listas de espera. La diputada Carmina Fernández criticó al presidente por no proporcionar plazos ni compromisos concretos, y expresó que el Gobierno regional había desestimado una propuesta estatal que podría haber inyectado 1,200 millones de euros adicionales anuales en el sistema de salud.

Ante estas acusaciones, López Miras defendió que "todos los médicos" se han manifestado en contra de la propuesta del Gobierno de España sobre el Estatuto Marco y aseguró que su administración está dispuesta a invertir todos los recursos necesarios, incluso los que no tiene, para garantizar el acceso a una sanidad pública de calidad.