El caudal ecológico en Aranjuez ha experimentado una reducción significativa, alcanzando los 70 hectómetros cúbicos anuales debido al recorte del trasvase Tajo-Segura. Esta preocupación fue manifestada por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su intervención en la Asamblea Regional, donde especificó las potenciales consecuencias socioeconómicas de esta decisión.

Rubira detalló que, de acuerdo con análisis de expertos, se prevé que las nuevas regulaciones de explotación del Plan del Tajo implicarán una disminución del agua destinada al riego de hasta un 50%, pasando de un promedio de 202 hectómetros cúbicos a solo 100 en el año 2027. Este cambio podría tener repercusiones devastadoras para el sector agrícola de la región.

Ante este panorama, la consejera alertó sobre las pérdidas económicas que podrían ascender a 870 millones de euros, además de la amenaza de 21,500 empleos en riesgo y una posible reducción del 30% en la producción agraria. Según Rubira, la situación es insostenible y calificó el impacto como una "catástrofe" para la región.

La consejera enmarcó la situación dentro de un "ataque político e ideológico" y defendió el trasvase como un pilar para el crecimiento y la protección del medio ambiente en una región que enfrenta desafíos hídricos significativos. Resaltó que la agricultura irrigada no solo es vital para la economía regional, sino que ha contribuido enormemente al PIB nacional y ha generado cientos de miles de empleos.

Rubira criticó al Gobierno central por su desinterés en los trasvases nacionales, mencionando su inversión en infraestructura hídrica en Marruecos, lo cual consideró un acto que genera competencia desleal para los agricultores españoles. Además, expresó su indignación tras la reciente votación en la Asamblea, donde varios partidos, incluido el PSOE, optaron por rechazar una moción en defensa del trasvase, lo que la consejera calificó de vergonzoso.

Desde Vox, el diputado Alberto Garre defendió la decisión de su grupo, argumentando que no se debe politizar la cuestión hídrica. Sin embargo, también mostró su preocupación por las repercusiones sociales de una agricultura que carece de agua y criticó la inacción del Gobierno central en este aspecto.

En respuesta, Fernando Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, cuestionó la credibilidad de Rubira, acusándola de faltas de respeto hacia la cámara por sus repetidas ausencias. También criticó el uso de recursos públicos con fines partidistas y defendió que el debate sobre el trasvase debería ser más honesto y centrado en la situación actual.

Desde el Grupo Mixto, María Marín subrayó la hipocresía de los partidos en cuanto a sus posturas sobre el trasvase, contrastando sus declaraciones en Castilla-La Mancha con las realizadas en Murcia y planteando la necesidad de considerar métodos sostenibles de gestión del agua, como la desalación.

Por su parte, Jesús Cano, del Partido Popular, reafirmó la importancia del trasvase como una infraestructura clave para el país y criticó la postura adoptada por el PSOE y Vox al no unirse al PP en la defensa de este recurso vital. Cano destacó algunas de las propuestas de su partido para disminuir la burocracia relacionada con la gestión del agua.