Murcia, 19 de septiembre. La diputada del Partido Popular, Pepa Carreño, ha alzado la voz en oposición a la reciente decisión del Gobierno español de exigir el uso del catalán, calificándola de un nuevo regalo de Pedro Sánchez al fugado Puigdemont, lo que, a su juicio, perjudica a las empresas.

Carreño ha hecho público su intención de presentar una moción en la Asamblea regional, argumentando que esta medida es un ejemplo más de cómo el presidente del Gobierno prioriza sus intereses políticos sobre el bienestar de los ciudadanos. Según su perspectiva, esta decisión afecta especialmente a los emprendedores que trabajan arduamente para generar empleo y riqueza en la región.

Desde su punto de vista, esta "rendición" de Sánchez, en pos de mantener su posición de poder, añade una carga innecesaria a las empresas en un contexto donde estas ya demandan una reducción de la burocracia y un escenario más competitivo. "Los empresarios están haciendo malabares para sobrevivir a la presión fiscal impuesta por Sánchez, y ahora se les imponen nuevos obstáculos sin justificación", argumentó Carreño.

Insiste en que los únicos que realmente sacan provecho de esta medida son los aliados independentistas del PSOE, quienes, según ella, son el apoyo crucial que mantiene a Sánchez en la Moncloa. "El presidente parece aferrarse a su cargo cada vez con más desesperación", añadió.

La diputada criticó las diferencias entre la forma de gobernar de su partido y la del PSOE, señalando que mientras el Gobierno de Sánchez se dedica a encubrir casos de corrupción y a satisfacer a los independentistas, el gobierno de Fernando López Miras está enfocado en impulsar leyes que minimizan la burocracia y facilitan el crecimiento económico.

Carreño se cuestionó si el nuevo delegado de Sánchez en Murcia tomará posición frente a esta situación que, en su opinión, representa una carga absurda para los empresarios locales, o si simplemente se sumará al silencio habitual ante las decisiones del Gobierno central.

Por último, dejó claro que el Partido Popular y el Gobierno regional no permanecerán inactivos ante lo que consideran un ataque directo a la libertad empresarial, y están preparados para utilizar todos los recursos a su disposición para contrarrestar esta imposición que consideran injusta.